MST Cordoba

Proyectos presentados - 24 / 11

Pedido de informe sobre la situación ambiental provincial, acompañado por asambleas y organizaciones socioambientales

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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RESUELVE

Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial, en virtud del art. 102 de la C.P., para que informe en el término de 72 (setenta y dos) horas, mediante el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos sobre la reglamentación y aplicación de la Ley de Ambiente N°10.208 aprobada el 11 de junio de 2014  por esta Legislatura.

A tal fin, se requiere que informe:

  • Las razones por las cuales la Autoridad de Aplicación no ha convocado aún a los distintos sectores y actores sociales a un proceso participativo para el desarrollo de la propuesta de Ordenamiento Ambiental del Territorio de la Provincia, cuando el art. 11 estipula hacerlo en un plazo no mayor a 120 días a partir de la promulgación de la ley, a los fines de que la misma sea tratada por el Poder legislativo en el término de 365 días corridos, cuyo plazo ya ha vencido el pasado 11 de junio del corriente año.
  • Las razones por las cuales no ha sido elaborado aún el Plan Quinquenal de Ambiente para el Quinquenio 2015-2020 tal como está previsto en el art. 85.
  • El estado de avance del Diagnóstico Ambiental Provincial Anual que debiera ser elevado al Poder Legislativo antes del 30 de noviembre, tal como obliga el art. 87 de la mencionada ley.

 Legisladora Luciana Echevarría

Bloque MST- Nueva Izquierda

ADHIEREN

  • Vecinos de B° Inaudi y B° San Antonio en lucha contra la alcoholera Porta Hnos.
  • Asamblea Malvinas Lucha por la Vida
  • Madres de Ituzaingó –Línea Fundadora-
  • Vecinos de Sierras Chicas

 

FUNDAMENTACIÓN

El diagnóstico de distintas instituciones y organizaciones científicas, sociales, civiles y políticas es coincidente al graficar el carácter dramático de la situación socioambiental de la provincia: los niveles de desmonte y deforestación indiscriminada han reducido al 3% la proporción ocupada por bosque nativo sobre las más de 16 millones de hectáreas de superficie total del territorio cordobés. Esto resulta como consecuencia de que en los últimos 30 años la tasa anual de pérdida de bosques nativos fue superior al 6%(una de las más altas del mundo) al mismo tiempo que se amplió la frontera agropecuaria. A su vez se expandió el desarrollismo inmobiliario y de grandes superficies comerciales que llegaron a apropiarse de arroyos y otras fuentes de agua.

Las manifestaciones directas de este proceso de desmonte son contundentes y saltan a la vista. Las inundaciones que afectaron amplias zonas de la provincia el último verano denotan la nula capacidad de absorción de suelos provinciales, agravada por fenómenos climáticos intensos de los últimos años. Negar esta realidad, como lo hizo el gobernador De la Sota, sólo contribuye al agravamiento y profundización de la situación. Concomitantemente a esta dinámica, en las últimas décadas miles de campesinos y pequeños productores agropecuarios han sido expulsados de sus tierras engrosando los cordones periféricos de las ciudades, en el marco de la desaparición de las producciones regionales.

Decenas de poblaciones periurbanas lindantes a las zonas rurales sufren los efectos de las fumigaciones mostrando tasas alarmantes de malformaciones, cáncer y enfermedades de todo tipo.

El derecho al agua potable se ve seriamente vulnerado por empresas que no garantizan calidad ni accesibilidad y por la indolencia de un Estado que no controla los abusos. Debido a la política de desguace de la empresa provincial de obras sanitarias, no hay inversión en conservación y saneamiento de cuencas productoras de agua ni en tratamiento de líquidos cloacales que se vuelcan en los ríos y lagos, agravando aún más la situación.

Similares características se observan en lo que respecta al tratamiento de residuos sólidos urbanos, en el que no existe la más mínima política de reducción, reutilización y reciclado, al mismo tiempo que se favorecen negociados.

Por otro lado, proliferan en los centros urbanos casos de industrias cuyas emanaciones enferman a la población circundante superando los niveles máximos permitidos de contaminación ambiental. La permisividad con las empresas y la falta de controles serios por parte del Estado hacen posible esta catástrofe en la salud pública, poniendo en riesgo la vida de miles de personas.

Como respuesta a todo lo descripto anteriormente ha crecido la conflictividad socioambiental, a partir de la resistencia de decenas de poblaciones, comunidades barriales o vecinales, colectivos campesinos, de pequeños productores y organizaciones sociales, políticas y culturales en cada uno de los territorios, exigiendo también medidas concretas y urgentes por parte del gobierno, tendientes a solucionar de raíz esta grave situación.

Sumado a esto, pasado más de un año de la implementación de la Ley, las reglamentaciones son parciales y no se han cumplido con los plazos previstos en distintos artículos.

El art. 11 establece que “La Autoridad de Aplicación convocará -en un plazo no mayor a ciento veinte (120) días- a los distintos sectores y actores sociales a un proceso participativo para el desarrollo de la propuesta del Poder Ejecutivo para el Ordenamiento Ambiental del Territorio de la Provincia, considerando todo antecedente existente de organización del uso del suelo en el territorio provincial”. Y además establece otro plazo para elevar la propuesta resultante al Poder Legislativo, no mayor a los 365 días corridos de la promulgación de la Ley, que tampoco se ha cumplido.

El art. 85 ordena la confección por parte del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos y el Ministerio de Salud, de un plan quinquenal “cuyo objetivo fundamental será realizar propuestas dirigidas a minimizar los efectos perjudiciales que acciones sobre el ambiente puedan tener sobre la salud”. El primero de esos planes correspondería al quinquenio 2015 – 2020. Es decir, estamos cerca de llegar a un año de vencimiento del plazo estipulado, con las consecuencias perjudiciales que ello acarrea.

En el mismo sentido, prácticamente vencido el plazo previsto por el art. 87, la Autoridad de Aplicación no ha elevado al Poder Legislativo el “informe anual sobre el estado del ambiente en el territorio provincial”. Esto resulta sumamente preocupante, puesto que ese informe debería contener una descripción pormenorizada de las problemáticas socioambientales y las principales políticas de estado para subsanarlas.

Por todo lo expuesto, consideramos que esta Legislatura debe tomar cabal consideración de la gravedad de la situación descripta, y exigir al Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López, los informes que contengan los diagnósticos y las acciones tendientes a dar las respuestas necesarias.

 

Legisladora Luciana Echevarría

Bloque MST-NuevaIzquierda