MST Cordoba

Proyectos presentados - 30 / 10

Eliminación de los privilegios políticos

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Proyecto de Ley

Eliminación de los privilegios políticos

 

La Legislatura de la Provincia de Córdoba

sanciona con fuerza de ley

 

Artículo 1°. Obligatoriedad. Para ser Gobernador/a, Vicegobernador/a, Ministro/a, Legislador/a o funcionario/a político/a jerárquico/a hasta el nivel de Director/a General de los poderes Ejecutivo o Legislativo, sea o no electivo el cargo, son requisitos:

  1. La asistencia de sus hijos/as a cargo, en edad escolar obligatoria, a establecimientos educativos públicos de gestión estatal.
  2. Su atención y la de su grupo familiar en el sistema público de salud.

 

Art. 2°. Declaración jurada. Todo/a funcionario/a incluido/a en el art. 1º debe presentar una declaración jurada anual en la que conste:

  1. Apellido y nombre de sus hijas/os a cargo menores de 18 años de edad. Si concurren a un establecimiento educativo o no; en caso afirmativo, nombre del mismo.
  2. Apellido y nombre de los integrantes del grupo familiar. En caso de recibir atención de salud, nombre del establecimiento.

Dicha presentación vence el 30 de abril de cada año. Su no presentación en término o el ocultamiento o falseamiento de datos es causa de las sanciones previstas en el art. 248 del Código Penal de la Nación, sin perjuicio de otras sanciones que pudieran corresponder.

 

Art. 3º. Mandatos limitados. Los/as Legisladores/as pueden ejercer su cargo, como máximo, durante dos mandatos consecutivos. Finalizado dicho período, sólo pueden ser reelectos/as para un nuevo mandato una vez transcurrido un intervalo de cuatro años.

 

Art. 4°. Reducción salarial. A partir de la sanción de la presente ley, el salario delos/as funcionarios/as incluidos/as en el art. 1º se equipara al salario de un/a director/a de escuela pública provincial con 20 años de antigüedad. Dicho monto sólo se actualiza acorde los aumentos salariales docentes.

El ahorro resultante de esta equiparación se destina a la educación y la salud públicas.

 

Art. 5°. Otros funcionarios. Lo establecido en los artículos precedentes se aplica también a los/as jueces/as y funcionarios/as jerárquicos/as del Poder Judicial, Organismos de Control, Agencias, entidades autárquicas, empresas del Estado y Policía provincial, así como a los Intendentes/as y Concejales/as municipales.

 

Art. 6°. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

 

Cláusula transitoria: Los/as funcionarios/as públicos/as comprendidos/as en los artículos 1º y 5º que se encuentren en ejercicio de su cargo a la fecha de sanción de la presente ley tienen un plazo máximo de un año para cumplir los requisitos establecidos en el art. 1º.

 

 

 

 

Fundamentos

 

Señora Presidenta:

 

Como lo venimos sosteniendo desde hace muchos años, nos oponemos con total firmeza al conjunto de privilegios políticos o de la llamada “clase política”.

La función pública no es obligatoria, sino voluntaria. Y se supone que quienes se dedican a ella lo hacen para defender el interés público o el bien público. Sería entonces coherente que todos los integrantes del poder político no gozaran de ninguna prerrogativa en relación con el pueblo trabajador cuyo interés dicen defender.

Sin embargo, la situación de la gran mayoría de los funcionarios políticos -e incluimos aquí gobernador y vice, ministros, legisladores, intendentes y concejales, jueces y fiscales, directivos de entes o empresas públicas y jefes policiales- poco y nada tiene que ver con la vida cotidiana de la gente común.

En primer lugar, porque existe una desigualdad sustancial en cuanto al nivel salarial. Esto significa que la misma “clase política” que por ejemplo recorta los presupuestos para salud y educación públicas, educa a sus hijos en colegios privados y se atiende en clínicas privadas. A ellos no los afecta en lo más mínimo el continuo deterioro de la escuela pública ni del hospital público, ni los bajos salarios de los docentes, enfermeras y médicos, como en cambio sí los padecen día a día la clase trabajadora y los sectores populares.

Además, en el caso de los legisladores, actualmente pueden durar sin límite alguno en sus cargos. Este privilegio adicional eterniza su alejamiento de la realidad de sus representados. Lo mismo para el caso de los jueces, cuyos cargos tienen carácter vitalicio cuando debería ser limitado y electo por voto popular.

Por todas estas razones, en este proyecto estamos proponiendo una norma para que los funcionarios políticos estén obligados a enviar a sus hijos a escuelas públicas y a atenderse ellos y sus familias en hospitales públicos; para que perciban un salario digno pero sin ningún privilegio, y para limitar el mandato de los legisladores a dos períodos consecutivos tal como sucede con el cargo de gobernador. Si democracia es el gobierno del pueblo, que los gobernantes vivan como vive el pueblo.

En el camino de luchar por transformaciones económicas, políticas y sociales de fondo, estamos convencidos de que acercar las condiciones de existencia de representantes y representados contribuirá a mejorar la sensibilidad de los primeros hacia las necesidades de los segundos, que son la inmensa mayoría. Es por eso que solicitamos el debate y aprobación del presente proyecto de ley.

 

Legisladora Luciana Echevarría

Bloque MST-Nueva Izquierda