MST Cordoba

Proyectos presentados - 30 / 10

Ley de emergencia en Violencia de Género (acompañada por familiares de víctimas)

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LA LEGISLATURA DELA PROVINCIA DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE LEY

 

Proyecto de Ley de Emergencia en Violencia de Género

Artículo 1º. Emergencia. Declárase la emergencia pública en materia de violencia de género en el ámbito de la Provincia de Córdoba por el término de dos años a partir de la sanción de la presente ley. Dicho término es renovable mediante nueva ley de la Legislatura.

 

Art. 2º. Medidas. Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que arbitre las siguientes medidas concretas y en los plazos que se establecen en cada inciso:

 

  1. Asistencia y prevención

Adecuar y dotar de personal técnico y administrativo suficiente al Consejo Provincial de la Mujer a fin de garantizar inmediata atención a las víctimas en las áreas psicológica, sanitaria, social, laboral y jurídica. El Consejo debe implementar un Programa local de Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia Familiar y Contra las Mujeres que incluya:

  • Campañas públicas masivas y sistemáticas de información, concientización y prevención contra la violencia de género para dar efectivo cumplimiento a la Ley Provincial 9.283 de Violencia Familiar. En igual sentido, el Ministerio de Educación incorpora dicha temática en todos los niveles educativos. Las campañas tienen una periodicidad trimestral.
  • Capacitación permanente, formación y entrenamiento en perspectiva de género a los funcionarios públicos en el ámbito de la Justicia, las fuerzas policiales y de seguridad, y fuerzas armadas. Dicha capacitación se impartirá de manera integral y específica según cada área de actuación, a partir de un módulo básico que respete los principios consagrados en los tratados internacionales de Derechos Humanos.
  • A fin de asegurar la asistencia a las víctimas de violencia de género, créase en cada localidad del interior y en cada seccional de la capital un Centro Integral de la Mujer (CIM). Cada Centro cuenta con un equipo interdisciplinario para brindar asistencia psicológica y social y patrocinio jurídico gratuito. Los Centros deben estar en funcionamiento en el plazo máximo de un año y pueden ubicarse en el centro de salud pública de cada lugar.

 

  1. Casas-refugio

Habilitar casas-refugio destinadas al alojamiento transitorio, contención y atención de las víctimas de violencia de género, y de su/s hijas/os si los tuviere, para aquellos casos en que la permanencia en su domicilio implique riesgo para su integridad psico-física y/o sexual. Se accede a lugar en la casa-refugio previa declaración jurada, exposición o denuncia realizada por la mujer, sin mediar ninguna otra condición y de manera inmediata.

En el plazo máximo de un año, el Poder Ejecutivo habilita una casa-refugio en cada localidad del interior y en cada seccional de la capital. Asimismo arbitra los medios necesarios para completar un total de 330 casas-refugio a nivel provincial, para cumplir así la recomendación de la Asamblea de Derechos Humanos de la ONU que indica abrir como mínimo un refugio cada 10.000 habitantes.

El Ejecutivo prioriza la inclusión de las mujeres víctimas de violencia de género en los planes de vivienda del Estado.

 

  1. Independencia económica

Garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de la víctima, y su/s hijas/os si los tuviere, mediante un asignación económica mensual durante el tiempo en se encuentre fuera de su domicilio y/o hasta tanto se reinserte laboralmente según el caso. La asignación no puede ser inferior al valor de la Canasta Básica Total y es compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH).El plazo máximo para implementar dicha asignación es de tres meses.

Para asegurar la inserción laboral de la víctima de violencia de género en situación de refugio o que su condición de dependencia económica implique riesgo para su integridad psico-física y/o sexual, el Ejecutivo Provincial establece un plan de empleo público y puede realizar convenios con empresas y/u organizaciones públicas y privadas. El plazo para efectivizar dicho plan es de seis meses.

 

Art. 3º. Licencia laboral por violencia de género. Modifícanse las leyes 4.356, 7.233 y 7.625 a fin de incluir una licencia laboral especial de 30 días corridos, con goce de haberes y renovable por única vez por igual término, para las trabajadoras de la educación pública, la salud pública y la administración pública provincial víctimas de violencia de género. Son beneficiarias las trabajadoras de planta permanente, contratadas o bajo cualquier otra modalidad de empleo.

 

Art. 4º. Registro. Créase el Observatorio Provincial de la Violencia contra las Mujeres en el ámbito del Consejo Provincial de la Mujer, con carácter de organismo técnico-científico. Tiene funciones de registro, generación de estadísticas y consulta para la elaboración e implementación de políticas públicas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

 

Art. 5º. Autoridad de aplicación. Es el Consejo Provincial de la Mujer (CPM), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, quien puede coordinar sus tareas con otras reparticiones públicas. Para el correcto funcionamiento y control de lo dispuesto en la presente ley, el Consejo articula un trabajo en red con organizaciones sociales especializadas en violencia de género. A tal fin modifícase la Ley 9.157 CPM, otorgando a dicho órgano las funciones que dispone la presente ley.

 

Art. 6º. Órgano de control. Como autoridad específica de consulta, control y seguimiento del cumplimiento de la presente ley se conforma la Comisión de Género, con carácter de órgano independiente extra-poder. Dicha Comisión entra en funciones y debe ser reconocida oficialmente en el plazo máximo de 30 días a partir de la sanción de la presente ley. Se integra con dos representantes por cada organización de género de la Provincia -un/a titular y un/a suplente- y las/os familiares de víctimas de femicidio que soliciten participar. La Comisión tiene plenos poderes para fiscalizar la efectiva aplicación de la presente ley en todos sus términos.

 

Art. 7º. Presupuesto. A fin de garantizar las medidas dispuestas por la presente ley, la partida asignada para su aplicación no debe ser inferior al 0.2% del Presupuesto total de cada ejercicio.

 

Art. 8º. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

 

 

Legisladora Luciana Echevarría

Bloque MST-Nueva Izquierda

ADHIEREN

 

ACOSTA, Marina “Maru” DNI: 34990090. Hermana de Paola Acosta, degollada y arrojada a una alcantarilla junto a su hija por su ex pareja el 17/09/2014 (Córdoba Capital)

 

GÓMEZ, Norma DNI: 11975421. Mamá de Paola Acosta

 

VEGA, Sandra DNI 29188923. Hermana de Analía Vega, ahorcada por su ex pareja el 22/08/2013 (Córdoba Capital)

LENCINAS, Teresa María DNI 6678242. Mamá de Laura García, ahorcada por su ex pareja el 18/5/2014 (Capilla de los Remedios)

CÁRDENAS, Alejandra DNI 23736389. Hermana de Marisa Cárdenas,  estrangulada por su ex pareja el 19/08/2011 (Córdoba Capital)

BAZÁN, Claudia Fabiana  DNI 18042838. Mamá de María José Urbaneja, apuñalada por su ex pareja el 13/11/2012(Villa del Totoral)

URBANEJA, Daniel DNI: 20817831. Papá de María José Urbaneja

URBANEJA, Daniela DNI: 35677120. Hemana de María José Urbaneja

URBANEJA, Ivana  DNI: 31172831. Hermana de María José Urbaneja

URBANEJA, Pía DNI: 36700828. Hermana de María José Urbaneja

QUIROGA, Lucas DNI: 37287603. Cuñado de María José Urbaneja

PERALTA, Beatriz DNI: 35667403. Amiga de María José Urbaneja

GONZALÍA, Maria de los Ángeles DNI: 31901279. Hija de Julia Torres, apuñalada por su ex pareja en febrero de 2013 (Córdoba Capital)

NUÑEZ, María del Valle DNI 17432276. Hermana de Marta Nuñez, apuñalada por su marido el 4 de diciembre de 2013. (Cañada de Luque)

NUÑEZ, Stella Maris DNI: 18662280. Hermana de Marta Nuñez

MAIQUES, Ariel Gerardo DNI: 14154080. Cuñado de Marta Nuñez

MAIQUES, Marta Isabel DNI: 31768304. Sobrina de Marta Nuñez

MENGARELLI, María Gisel DNI: 31357849. Sobreviviente de femicidio. Su ex pareja prendió fuego la casa con ella y sus hijos adentro el 12/11/2014 (Villa Carlos Paz)

LANDINI, Cintia Anahí DNI: 37096062. Hija de Mónica Molina, degollada por su amante el  04/08/2011 (Córdoba Capital)

LANDINI, Diego Eduardo DNI: 34441814. Hijo de Mónica Molina

LANDINI, Gabriel Emiliano DNI: 38987730. Hijo de Mónica Molina

LANDINI, Rubén Eduardo DNI: 14578974. Esposo de Mónica Molina

 

Fundamentos

 

Sra. Presidenta:

 

Ante un panorama de incremento de la violencia contra las mujeres en la provincia de Córdoba y en el país, que se plasma en el aumento de la cantidad de denuncias y de casos de femicidios, resulta necesario un avance normativo en materia de prevención y erradicación.

Si bien se han elaborado herramientas tales como la ley nacional 26.485 y la ley provincial 9.283, la realidad demuestra que no son suficientes. Día a día las cifras trágicas aumentan: de un promedio de un femicidio cada 30 horas hemos pasado a uno cada 26 horas. En Córdoba, en el 2014 hubo 21 femicidios e incluso varias de las víctimas contaban con orden de restricción y botón antipánico. A nuestro partido este flagelo nos ha tocado de lleno con el femicidio de Paola Acosta, hermana de nuestra compañera Maru.

Hasta ahora los datos son elaborados por La Casa del Encuentro, dado que los organismos oficiales no llevan estadísticas. Esto complica la posibilidad de diseñar políticas públicas efectivas en la materia. Por eso es parte de este proyecto crear el Observatorio Provincial de la Violencia contra las Mujeres, a cargo de realizar las estadísticas.

Este contexto muestra la vulneración de los derechos humanos de las mujeres en nuestra sociedad y por eso resulta urgente e imprescindible poner en marcha políticas activas para su protección.

La cifra de denuncias expresa las demandas explícitas. Pero existe además una demanda oculta, que no se visibiliza por profundas causas sociales y culturales. Las mujeres de sectores populares a veces no denuncian a su agresor por depender económicamente de él y no tener otra alternativa a donde ir. Las mujeres de sectores medios en ocasiones no denuncian o no demandan atención para evitar hacer pública su situación.

 

Casas-refugio y asistencia integral

 

En toda Córdoba no hay ni un solo refugio para mujeres víctimas de violencia y sus hijos. Según la recomendación de la ONU debiera existir un refugio cada 10.000 habitantes. Esto implica que en nuestra provincia, que tiene 3.308.876 habitantes[1], debería alcanzarse el objetivo de 330 refugios.

Los expertos de la Asamblea de Derechos Humanos de la ONU, en su Manual de legislación sobre la violencia contra la mujer, recomiendan: “Establecer al menos el siguiente nivel mínimo de disponibilidad de los servicios de apoyo para las demandantes/supervivientes:

  • “Una casa de acogida o refugio por cada 10.000 habitantes donde se facilite alojamiento seguro de emergencia, asesoramiento cualificado y asistencia para la búsqueda de alojamiento a largo plazo;
  • “Un centro de defensa y asesoramiento de la mujer por cada 50.000 mujeres que facilite apoyo proactivo e intervención de crisis para las demandantes/supervivientes, incluido asesoramiento y apoyo jurídicos, apoyo a largo plazo para las demandantes/supervivientes y servicios especializados para grupos específicos, como inmigrantes supervivientes de violencia, supervivientes de la trata o que hayan sufrido acoso sexual laboral, en su caso;
  • “Un centro de crisis para casos de violación por cada 200.000 mujeres.”

Este parámetro mínimo, más el conocimiento directo de la situación ya mencionada, en donde las mujeres se ven forzadas a seguir conviviendo con su agresor por no tener lugar al que recurrir ni medios para autosustentarse, nos lleva a proponer la creación urgente de casas-refugio en Córdoba acorde a la cantidad de población. Aparte de los obstáculos de la burocracia policial y judicial, el mero hecho de que la mujer víctima de violencia no cuente con un lugar seguro en donde refugiarse a menudo la desalienta incluso de presentar la denuncia.

Visto desde las obligaciones del Estado, el hecho de no dar una salida alternativa a esta necesidad tan básica de refugio de las mujeres es de hecho empujarlas a volver bajo el mismo techo que el violento y así no poder romper su circuito de violencia. Hay que abrir unidades convivenciales de refugio transitorio suficientes y no discursos de “buenas intenciones” que no resuelven nada. Tampoco ayudan las campañas o medidas que, como el botón antipánico, ponen el eje de la solución en el eslabón más débil de la cadena: la mujer víctima de violencia. Y ya son varios los casos en que tanto restricción como el botón no han servido para evitar el femicidio. Por eso es preciso debatir otras alternativas al respecto.

 

Emergencia y presupuesto suficiente

 

La violencia contra las mujeres y su cara más atroz, el femicidio, es un problema político, social, de derechos humanos y de salud pública. Es una expresión, la más brutal, de las relaciones desiguales de poder existentes entre hombres y mujeres en esta sociedad capitalista y patriarcal.

Por otra parte, en general la actitud del sistema judicial y policial es de un alto nivel de inacción y/o complicidad de hecho con la violencia machista. La confirman los supuestos “protocolos de búsqueda” que aplican al momento de recibir una denuncia por la desaparición de una mujer, que demoran 48horas en salir a buscarla, perdiendo las horas más valiosas. O también los fallos judiciales funcionales a los violentos y femicidas, y violatorios de los derechos de las mujeres.

Por eso el Estado y sus organismos deben implementar políticas públicas concretas que garanticen en forma efectiva la prevención y la asistencia integral a las mujeres que padecen violencia. De allí que proponemos reconocer la emergencia y disponer medidas urgentes. Esta emergencia ya ha sido declarada, por ejemplo, en las provincias de Buenos Aires y de Salta, así como en las ciudades de La Plata y Rosario, aunque sin la amplitud ni el presupuesto que hacen falta.

Si bien la Ley 26.485 aprobada en 2009 es un avance normativo, el presupuesto asignado al consejo Nacional de las Mujeres es insignificante: apenas un 0,02% del presupuesto total. En nuestra provincia, lo mismo. Está la Ley 9.283, pero los fondos destinados este año a los tres programas gubernamentales existentes sobre violencia[2] y al Consejo Provincial de la Mujer no llegan a 10 millones de pesos para todo: un paupérrimo 0.01% del total, menos de 6 pesos al año por cada mujer…

Sin plata, la ley es letra muerta y deja desprotegidas a las mujeres. Es por esto que la emergencia debe incluir un sustancial aumento presupuestario, que proponemos sea 20 veces superior al actual.

Es fundamental trabajar en la prevención y asistencia, así como en políticas educativas y culturales de mediano plazo que apunten a revertir estereotipos y patrones de machismo y discriminación hacia la mujer. Por eso en este proyecto incluimos también las campañas públicas y en el sistema educativo. A su vez, es preciso poner en marcha programas que apunten a la reinserción laboral y habitacional para ayudar a las mujeres víctimas de violencia a rehacer sus vidas y asegurar su independencia económica. A esto agregamos la licencia laboral para las trabajadoras del Estado provincial que sufren violencia.

 

Para que se cumplan las leyes, participación social

 

Como vemos, hay legislación nacional y provincial respecto de la violencia de género. Pero la sola existencia de normativa específica no asegura el objetivo declamado de prevención y de atención integral a las mujeres víctimas. Por eso, junto al mayor presupuesto, la apertura de nuevos refugios y las demás medidas, como clave para efectivizar este proyecto proponemos la participación directa de las organizaciones sociales de género y de familiares de víctimas de femicidios en el control de su aplicación. Nadie mejor que las mujeres para controlar las medidas en defensa propia.

Por todo lo expuesto, solicitamos el urgente tratamiento y aprobación de este proyecto de ley.

 

Legisladora Luciana Echevarría

Bloque MST-Nueva Izquierda

 

[1] Según datos del INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.

[2] Programas 684 Prevención (Fondo Ley 9.505) y 685 Atención (Ley 9.283), ambos dependientes del Ministerio de Desarrollo Social, y Programa 922 subprograma 2, del área de Justicia.